Un proceso de adquisición realizado sin convocatoria pública de por medio, datos incompletos o contradictorios, denuncias por presunto sobreprecio, documentos que se ha decidido mantener bajo reserva por al menos cinco años, y una investigación penal en curso. Esto es lo que hay detrás de la renta que el gobierno de Veracruz hizo este año de 160 patrullas nuevas.
Así lo evidencian los resultados de diversas solicitudes de información interpuestas por Animal Político vía transparencia. Esto luego de que el gobernador Cuitláhuac García hiciera pública la adquisición –en realidad arrendamiento– de estos vehículos con un costo de un millón 300 mil pesos cada uno, el pasado 3 de mayo.
En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad proporcionó algunos datos que no coinciden con lo anunciado públicamente por el gobernador, y que confirman, además, que fue un proceso realizado sin convocatoria pública. La dependencia se negó a proporcionar cualquier documento que sustente lo reportado invocando una clasificación de cinco años.
Esta contratación se encuentra bajo investigación de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General de Justicia local, luego de que se hicieran públicos datos de contratos en otras entidades donde un vehículo, casi idéntico, se había adquirido en menos del 40 % del monto anunciado por García.
Esto ocurre mientras Veracruz atraviesa un 2019 difícil en cuanto a seguridad. Aunque en el nivel de homicidios dolosos se registra un ligero decremento respecto al año pasado, las víctimas de feminicidio registran un incremento de más del 55 %, mientras que las de secuestros registran un disparo superior al 150 %. Los robos con violencia en vía pública han crecido 11 %.
